Los retos fiscales del teletrabajo

La era de la digitalización y la pandemia han consolidado un modelo de trabajo que sigue planteando numerosos interrogantes
desde el punto de vista fiscal.

Si bien es cierto que el teletrabajo ya estaba afianzando su posición en los últimos años gracias al auge de la digitalización, es incuestionable que la actual pandemia ha acelerado este proceso. Todos hemos sido testigos de cómo las empresas se han visto forzadas a adaptar sus procedimientos y aceptar el teletrabajo como una práctica común para asegurar su supervivencia, especialmente en los meses de confinamiento más estricto.

Este sobrevenido modelo de trabajo planteaba desde el punto de vista fiscal y laboral una tremenda incertidumbre. Especialmente en aquellos casos en los que el trabajador se veía en la obligación de desarrollar su actividad laboral en remoto desde una jurisdicción diferente a la de su centro de trabajo habitual. Centrándonos en las implicaciones tributarias, ya en abril de 2020 la OCDE publicó una documento (“OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID-19 Crisis”) en el que abordaba cuestiones conflictivas como el impacto del teletrabajo en la residencia fiscal de los empleados, o en la constitución de un establecimiento permanente (EP) para el empleador. Las recomendaciones eran claras:

  • El teletrabajo temporal, motivado por una situación excepcional como la que se estaba viviendo, no debía constituir un EP para el empleador.
  • Aquellos trabajadores que como consecuencia de las limitaciones a la movilidad se hubieran visto obligados a trabajar en remoto desde una jurisdicción diferente a la de su residencia habitual, no deberían ver afectada su residencia fiscal.

En definitiva, se trataba de minimizar cualquier riesgo derivado de una situación tan inusual como es una pandemia mundial.

Sin embargo el teletrabajo, que en algunos sectores se había concebido como un parche temporal, cada vez tiene más visos de convertirse en algo definitivo. No solo por la flexibilidad y otros beneficios de conciliación que supone para los empleados, sino también por el abaratamiento de costes para el empleador en una situación de crisis económica que ha requerido una minuciosa revisión de la cuenta de gastos para muchas empresas.

Esta situación pone de manifiesto que las directrices de la OCDE publicadas hace apenas año y medio, e incorporadas a la normativa nacional por diversas jurisdicciones, se han quedado obsoletas. Ciertamente la problemática y los retos que plantea el teletrabajo no han variado, pero las circunstancias actuales son diferentes. Ya no hablamos de una situación forzosa de trabajo en remoto causada por una crisis sanitaria (la limitación a la movilidad es prácticamente inexistente a nivel internacional), sino de una elección empresarial que en muchos casos se combina con la modalidad de trabajo presencial.

Es, por tanto, necesario y urgente trabajar en una regulación permanente que aborde todos los interrogantes surgidos en torno a esta materia. Definir los distintos escenarios en los que el teletrabajo puede tener (o no) un impacto fiscal es fundamental para garantizar una cierta seguridad jurídica, así como para facilitar una adecuada planificación tanto para las empresas, como para sus empleados. Desde la Cámara de Comercio Internacional (ICC) se está trabajando mano a mano con la OCDE en esta dirección, planteando alternativas y posibles soluciones, por lo que es previsible que, a corto plazo, tengamos un nuevo documento con directrices actualizadas que pueda servir de guía a los distintos países. La cuestión es… ¿Estaremos a la altura? No sería la primera vez que en España se desoyen las recomendaciones de este organismo internacional…

¿Quiere saber más sobre el impacto fiscal del teletrabajo en la situación actual? Escríbanos a info@garciadenovales.es

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