EU public Country by Country reporting

EU public Country-by-Country Reporting

Las nuevas obligaciones de información someterán a las empresas al escrutinio público.

Hacia una mayor transparencia fiscal

La conocida como Directiva del “EU public Country-by-Country Reporting” ( Directiva 2021/2101, de 24 de noviembre de 2021) entrará en vigor el próximo 21 de diciembre. Desde ese momento, los Estados miembros dispondrán de un periodo de 18 meses para su transposición a la normativa interna de cada país.

Esta Directiva tiene por objeto mejorar la transparencia fiscal de las grandes multinacionales, obligando a los grupos cuyos ingresos superen los 750 millones de euros en dos ejercicios consecutivos a hacer público un informe específico relativo al impuesto sobre sociedades. Dicho informe deberá incluir información relativa a las actividades de las empresas del grupo, número de empleados, ingresos, importe de beneficios o pérdidas antes de impuestos… Y debe publicarse en la web corporativa para cumplir con la finalidad de escrutinio público y transparencia fiscal. En términos de la Directiva, esta publicidad desglosada por países permitirá, entre otras cosas, que los ciudadanos valoren el impacto que las empresas multinacionales tienen en la economía real.

La propia Directiva establece que la información debe limitarse a lo necesario para permitir un escrutinio público efectivo, al objeto de velar para que esa publicidad no propicie riesgos desproporcionados para las empresas afectadas en términos de competitividad, o a interpretaciones erróneas sobre las empresas afectadas.

Está por ver si esta Directiva del “EU public Country-by-Country Reporting” es un instrumento eficaz para lograr el objetivo de transparencia, ya que no podemos evitar cuestionarnos hasta qué punto los ciudadanos (no solo inversores y expertos en la materia) se encuentran capacitados para valorar de forma adecuada la información a la que tendrán acceso. Al fin y al cabo, no porque una información sea pública se puede garantizar una correcta interpretación de la misma. ¿Lograremos el ansiado efectivo escrutinio público?

Por otro lado, si bien es cierto que ya existen otros instrumentos de transparencia obligatorios y voluntarios (como el Informe País por País o el Estado de información no financiera) y, por tanto, esta Directiva no es una iniciativa novedosa en cuanto a su finalidad, no podemos negar que aumenta las obligaciones de información de los grupos multinacionales afectados. Resulta imprescindible, por tanto, tener claro qué información es necesario presentar en cada caso a fin de identificar sinergias en los procedimientos para la obtención y volcado de la misma. Y, como es lógico, conviene tener especial cuidado a la hora de garantizar que toda la información facilitada en el cumplimiento de las distintas obligaciones es consistente.

Sin duda, habrá que estar pendientes de la implementación de esta nueva Directiva en los próximos meses.  Entre tanto, tenemos la oportunidad de analizar qué implicaciones puede tener la publicidad de esta información de cara a potenciales inversores, acreedores y terceros con interés en la misma.

¿Quiere saber más sobre las implicaciones de la Directiva del “EU public Country-by-Country Reporting”? Escríbanos a info@garciadenovales.es

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